Los casos de robos alarman a comunidades de vecinos que se sentían seguras detrás de sus muros. La informalidad y la subcontratación, factores que le abren las puertas al delito.
A la par de la crisis, la informalidad penetró en distintos sectores de la Argentina lo cual colabora en la degradación de las condiciones laborales de miles de personas y también en el deterioro de servicios que se brindan en distintos rubros, como ser el de la Vigilancia Privada.
En el caso de las empresas de Seguridad, esta ilegalidad queda de manifiesto en los casos en los que la Vigilancia se resiente y crecen los robos que empiezan a sacudir la habitual tranquilidad de estos barrios. En la trama detrás de estos episodios empieza a develarse una estadística preocupante: la cada vez mayor contratación de empresas de Vigilancia truchas. Y muchas veces, en ocasiones de manera injusta, se apunta al trabajador responsable de la Seguridad Privada por los asaltos que ocurren.
Según datos del propio sector, muchas comisiones vecinales o consorcios con tal de reducir costos empiezan a contratar empresas que no tienen todos los papeles en regla y que le pagan al Vigilador la mitad del sueldo convenido. En consecuencia, se emplea a Vigiladores que generalmente no tienen las condiciones necesarias de preparación para cumplir ese rol. A los cuales no se les hizo un test psicológico y mucho menos están preparados para portar armas,
En este sentido, Osvaldo Miranda, vicepresidente de la Cámara de Vigilancia Privada de Mendoza, comentó a MDZ Radio que «muchos somos responsables y cómplices en la degradación de la seguridad en general que se brinda en distintos ámbitos. La Seguridad Privada no recibe ningún subsidio y no tiene control de ningún estamento del Estado, que si lo hicieran las arcas públicas recibirían unos 10 mil millones de pesos en concepto de ingresos brutos».
Miranda graficó que la contratación de un empleado de seguridad privada, con todos los aportes, ronda los 120 mil pesos por mes, que sería $600 la hora. «Es lo que un vigilador debe cobrar en blanco, pero nosotros sabemos que hay empresas delincuentes que pagan mucho menos que eso, ya pueden llegar a pagar 300 pesos la hora», explicó. El salario básico inicial sería de $55.000 en blanco.
El empresario agregó que «todos tratan de abaratar los costos en base al valor de la hora, y normalmente el que pierde es el Vigilador». Esta subcontratación expone la falta de control que se ejerce desde el mismo Estado, el cual según muchas denuncias también paga servicios de Seguridad por debajo de lo que manda la ley.
Al ser consultado sobre el rol que le cabe a la comisión vecinal en los vínculos con estas empresas truchas, Miranda planteó que «el barrio contratante es solidariamente responsable con la empresa de seguridad ante la AFIP, y ante otros estamentos públicos. Es una cuestión lógica que pase en los barrios lo que pasa porque los mejores Vigiladores deben recibir una paga que no se cumple. Entonces cuando esto se infringe deben responder tanto la administración como los vecinos».
«El Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) prohibía la formación de cooperativas de limpieza y de seguridad, porque es un fraude laboral, pero este gobierno nacional volvió a habilitar la formación de cooperativas, y un Vigilador de cooperativa hoy cobra la mitad de lo que paga una empresa legalmente constituida», señaló Miranda para dar cuenta de una de las causas que expandió la subfacturación a los empleados de vigilancia.
Existe una ley que define las condiciones y parámetros que debe regir el rubro de la Seguridad Privada, pero evidentemente no se cumple. El Registro Provincial de Empresas Privadas de Vigilancia, que depende del Ministerio de Seguridad provincial, es el encargado de fiscalizar la habilitación de las empresas y de los Vigiladores. La Subsecretaria de Trabajo debe controlar que cobren lo que mande el convenio, que trabajen las horas correspondientes con su respectivo necesario descanso. Pero parece que hay un agujero negro que se le escapa.
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