Una situación de conflicto laboral involucra a trabajadores de seguridad privada de la empresa Brújula, que prestan servicio en la cadena de supermercado ChangoMás en San Juan, quienes enfrentan la posibilidad de perder sus puestos de trabajo por no contar con el secundario completo. Los vigiladores cuestionan la decisión empresarial y sostienen que la firma pretende desvincularlos sin haberles brindado previamente las herramientas necesarias para regularizar su situación educativa.
Los trabajadores ingresaron a sus funciones durante 2023, meses antes de la entrada en vigencia de la Ley N.º 926-R, que regula la actividad de la seguridad privada en la provincia. Según el planteo de los afectados, la empresa conocía su situación educativa al momento de contratarlos y, desde entonces, no habría gestionado convenios educativos ni facilitado el acceso al Plan FinEs para que pudieran completar sus estudios.
El reclamo apunta a lo que consideran una medida injusta: exigir el cumplimiento de un requisito sin haber promovido alternativas concretas para que los empleados pudieran alcanzarlo. Los vigiladores sostienen que tuvieron la voluntad de regularizar su situación, pero que la empresa no habría generado las condiciones necesarias para que pudieran finalizar la escuela secundaria mientras continuaban trabajando.
Detrás del conflicto hay trabajadores con familias y responsabilidades económicas que dependen de sus ingresos mensuales. Por ese motivo, los afectados consideran que una desvinculación en estas circunstancias podría vulnerar sus derechos laborales y reclaman que se contemple la posibilidad de completar sus estudios sin perder sus fuentes de trabajo.
Ante esta situación, los vigiladores se autoconvocaron y esperan una resolución de la Justicia laboral que reconozca sus derechos y garantice la continuidad de sus puestos mientras completan el secundario. El caso abre un interrogante sobre las responsabilidades de las empresas de seguridad privada frente a los requisitos legales y la necesidad de generar mecanismos de regularización que eviten que los trabajadores queden excluidos del empleo.
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