A partir del lunes 19 de mayo, comenzará a regir en la provincia de Mendoza la nueva Ley 9578 de Seguridad Privada, que establece, entre otros puntos clave, la unificación de los uniformes para todos los trabajadores del rubro. La medida busca diferenciar de manera clara a las empresas de seguridad privada de las fuerzas públicas.
La normativa, que ya fue homologada oficialmente, establece que todos los vigiladores deberán utilizar un uniforme único, color arena, sin distinciones por empresa. El objetivo principal es evitar confusiones y garantizar que la población pueda identificar con claridad quién pertenece a fuerzas del Estado y quién a servicios de seguridad privada.
Sin embargo, el sector empresarial ha expresado su fuerte rechazo a esta disposición. Argumentan que el cambio de uniforme representa un alto costo económico, especialmente para las pequeñas y medianas empresas del sector. Además, plantean que el uniforme representa parte de la identidad corporativa y la imagen de marca de cada firma, algo que consideran fundamental para diferenciarse de otras compañías que —según expresan— no siempre están a la altura en términos de profesionalismo y calidad del servicio.
Desde algunas de las empresas más reconocidas del rubro, aseguran que no quieren ser confundidas con otras firmas que carecen de estándares similares, y consideran que esta homogeneización atenta contra su prestigio.
Pese a las críticas, la medida ya se encuentra en vigencia y las empresas de seguridad han comenzado a analizar la posibilidad de apelar judicialmente, agotando todas las instancias legales a su disposición para frenar o modificar la implementación del nuevo esquema.
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