El conflicto con la empresa de seguridad S&S en la provincia de San Juan sigue escalando, luego de que un grupo de 19 vigiladores, asesorados por un organismo sindical de la actividad, lograra frenar los intentos de precarización laboral impulsados por el empresario mendocino Ignacio Gatto Mazola. Según denunciaron los trabajadores, la empresa pretendía reducir derechos laborales y establecer condiciones desfavorables para el sector.
La disputa se encuentra actualmente judicializada, y los trabajadores aún no han recibido las diferencias salariales correspondientes a los meses de marzo y abril. A pesar de las declaraciones del empresario, quien intentó minimizar la situación, los reclamos avanzan por vías legales. Gatto Mazola no ha podido eludir la deuda de haberes atrasados que mantiene con sus empleados, lo cual ha generado un fuerte malestar en el sector.
Los vigiladores, firmes en su postura, expresaron que “lo justo es justo” y aseguraron que no permitirán este tipo de prácticas en la provincia. “Este empresario se creyó que venía a San Juan a hacer lo mismo que hace con sus empleados en Mendoza, pero se equivocó”, sostuvo uno de los trabajadores en diálogo con este medio.
Mañana se desarrollará una nueva instancia judicial en la que se espera avanzar en el reclamo de los haberes atrasados. Los empleados advirtieron que, de no obtener respuestas favorables, no descartan iniciar medidas de fuerza para exigir lo que consideran justo y digno por su labor.
La situación genera incertidumbre en el sector de seguridad privada de San Juan, y crece la expectativa por el resultado de la audiencia judicial, que podría marcar un precedente en la lucha contra la precarización laboral en la provincia.
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