Un nuevo conflicto se desató en la provincia de Santa Cruz tras la intención de contratar a la empresa de seguridad privada Huarpe para prestar servicios en la Minera Santa Cruz, lo que generó el rechazo del secretario general del sindicato UPSAP, Julio Gutiérrez.
Gutiérrez, quien también preside la Federación de Seguridad Privada, manifestó su oposición rotunda a la instalación de la firma, argumentando que en la provincia existen alrededor de 40 empresas habilitadas que podrían realizar el trabajo sin necesidad de recurrir a una compañía proveniente de otra jurisdicción. Según el dirigente, priorizar la contratación de empresas locales es fundamental para fortalecer la economía provincial.
Por su parte, Daniel Cárcamo, gerente de la empresa Huarpe, defendió la legalidad de su operación, asegurando que la compañía se encuentra habilitada conforme a la normativa vigente para desarrollar actividades de seguridad privada en Santa Cruz. Además, apuntó contra el dirigente sindical, señalando que “no estaría obrando como corresponde” y sugiriendo que su postura tendría un doble discurso.
Gutiérrez también cuestionó los antecedentes de la empresa y denunció que ofrece salarios un 40% más bajos que los que actualmente se pagan en la provincia. Frente a estas acusaciones, Cárcamo respondió que Huarpe es una compañía comprometida con el sector, con presencia en nueve provincias del país y sin antecedentes negativos, afirmando que cumplir con las normativas locales no representa ningún inconveniente para su equipo.
Ante la creciente tensión, el Ministerio de Trabajo dispuso una conciliación obligatoria con el objetivo de reunir a las partes y garantizar la paz social. En los próximos días se definirá si finalmente la empresa Huarpe podrá o no tomar servicio dentro de la minera, en un conflicto que pone en debate la defensa del trabajo local y la competencia en el sector de la seguridad privada.
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