La reciente decisión del Gobierno de San Juan de asignar de forma exclusiva la vigilancia de los establecimientos educativos a la empresa Arias generó un fuerte malestar en el sector de la seguridad privada.
Diversas empresas del rubro cuestionaron la falta de transparencia en el proceso de selección y señalaron que quedaron fuera firmas con amplia experiencia y capacidad operativa. El descontento también alcanzó al sector sindical, que expresó sus dudas sobre la elección.
“Consideramos que Arias no representa lo mejor del sector. Esperamos, al menos, que se respeten las condiciones laborales de los trabajadores”, afirmaron desde los gremios. Además, advirtieron que podrían tomar medidas si se vulneran los derechos del personal de seguridad.
Esta resolución provocó preocupación tanto entre las empresas afectadas como entre los vigiladores que desempeñan tareas en el ámbito escolar de la provincia.
La controversia reabre el debate sobre la importancia de implementar licitaciones claras, equitativas y enfocadas no solo en lo económico, sino también en asegurar condiciones laborales dignas y una prestación de servicios eficiente.
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