Una reciente auditoría en la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (OSPSIP) ha destapado serios indicios de desvío de fondos en un período en el que la entidad se encontraba bajo intervención del clan Luis Barrionuevo, el principal aliado sindical del candidato Javier Milei. El informe de auditoría, presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud, reveló una serie de prácticas alarmantes.
Durante la intervención de la obra social por parte de aliados de Luis Barrionuevo, se destinaron al menos tres millones de dólares a fundaciones y prestadores sin documentación de respaldo. Además, se llevaron a cabo gastos injustificados y compras extravagantes, como regalos por un valor de al menos 5 millones de pesos en una joyería de Recoleta, al mismo tiempo que se denegaban prestaciones médicas, incluyendo las relacionadas con el tratamiento oncológico de los afiliados.
La auditoría fue realizada por Jorge Alonso, quien se desempeñó como interventor durante dicho período. El informe consta de 270 páginas e incluye detalles exhaustivos sobre el estado de la obra social, propuestas de gestión, irregularidades detectadas y documentación pertinente.
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra una nómina de personal con 207 empleados en todo el país, a pesar de que solo se pudo verificar el trabajo de 79 de ellos. La mayoría de los empleados excedentes habían sido contratados en los tres meses previos a la llegada de Alonso, durante la gestión de su predecesor.
La OSPSIP es una entidad de salud asociada al gremio de seguridad privada UPSRA. En los últimos años, esta obra social se convirtió en el epicentro de una intensa disputa entre el actual secretario general, Ángel García, y Luis Barrionuevo, líder de la UTHGRA, quien buscó tomar el control de la entidad. La Superintendencia de Salud intervino la obra social en 2021 y designó a Sigifredo Jorge Banegas, un hombre cercano a Barrionuevo, como interventor.
El informe presentado por Jorge Alonso, según informa Ámbito, consta de 270 páginas con un minucioso relevamiento del estado de la obra social, propuestas de gestión, irregularidades detectadas y documentación. Uno de los hallazgos más destacados es una nómina de personal con 207 personas en todo el país a las que se les pagaba un salario mensual formal, aunque solo se pudo verificar la labor de 79 de ellos. La gran mayoría de los empleados excedentes habían sido contratados en los tres meses previos al arribo de Alonso, durante la gestión de su predecesor.
El informe también revela pagos a la Fundación de Médicos Solidarios por sumas significativas, sin documentación que respalde estas erogaciones. Entre el 15 de diciembre del año pasado y el 22 de marzo de 2023, se giraron a Médicos Solidarios 347.915.600 pesos que supuestamente eran pagos por «honorarios de psicología, psicología infantil y servicios médicos», sin detalles que justifiquen estas erogaciones.
Además, se detectó otra maniobra fraudulenta en relación con la fundación «Igualdad para todos», con millones de pesos destinados a servicios sin documentación alguna de respaldo. También se hallaron irregularidades en la contratación de servicios de reparación de automóviles por cuatro millones de pesos a un único mecánico, a pesar de que la OSPSIP no tiene ningún vehículo registrado en sus bienes.
Asimismo, se encontraron pagos de «regalos de fin de año» por casi cinco millones de pesos a favor de la firma Vendome SRL, la razón social bajo la cual opera la exclusiva joyería Jean Pierre, ubicada en Avenida Alvear 1892, en Recoleta. Estos gastos coincidieron con meses en los que se negaban prestaciones urgentes, como las relacionadas con el tratamiento oncológico de los afiliados.
La auditoría también destaca la superpoblación de personal, incluyendo contratos de servicios de limpieza a pesar de contar con personal propio para esa tarea. Además, se realizaron contrataciones para Jerly Secuity y Hammer Seguridad Privada, empresas que proporcionan personal de custodia, en un gremio que ya contaba con trabajadores propios para dicha labor. Estas irregularidades plantean serias preguntas sobre la gestión de la obra social durante la intervención de aliados de Luis Barrionuevo.
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