La medida la dispuso la Dirección Provincial Para la Gestión de la Seguridad Privada, notificó que los Vigiladores de barrios cerrados deberán llamar al 911 o a la comisaría local para comunicar sobre los residentes que circulen después de las 20 hs o por la realización de reuniones privadas con más concurrentes que lo permitido, el que no lo haga esta expuesto a recibir sanciones penales o contravencionales.
Los Vigiladores Privados que trabajan en countrys, barrios cerrados y clubes de campo de Buenos Aires tienen una nueva obligación: llamar al 911 o la comisaría con jurisdicción en su lugar de trabajo si advierten que hay vecinos que pasean por las calles internas de los condominios después del límite horario impuesto por el Gobierno nacional y provincial para evitar la circulación como medida para prevenir los contagios de Covid-19. La misma acción deberán tomar si detectan reuniones privadas o fiestas que excedan lo permitido en los predios donde trabajan.
Así lo resolvió Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Sergio Berni. La decisión fue notificada el lunes de la semana pasada. En el documento se aclaró que el custodio o vigilador que no denuncie las irregularidades “es pasible” de recibir sanciones penales o contravencionales.
La notificación de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada contiene un error. En ella se lee que la decisión regirá hasta el 1° de septiembre próximo. En realidad, dependerá de las restricciones que disponga por decreto el Poder Ejecutivo Nacional y de las medidas que, en consonancia, adopte el gobierno provincial.
En la notificación se les informó a las Empresas de Seguridad Privada que prestan servicio en los country, barrios cerrados y clubes de campo bonaerense, que los Vigiladores deben “evitar la circulación en horario nocturno en dichos objetivos, el aglomeramiento de gente, las reuniones y las fiestas clandestinas. En caso de advertir alguna de estas situaciones deben efectuar la inmediata denuncia al 911 o a la autoridad policial jurisdiccional”.
Desde la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi) que la decisión que tomaron desde el gobierno bonaerense es correcta dado el momento actual que vive la Argentina respecto del nivel de la pandemia de Covid-19.
“La situación es muy grave. Y lo que nos piden es una forma de ayudar a los vecinos. Estamos ante un hecho excepcional y la seguridad incluye el peligro de contagio”, afirmaron fuentes de Caesi.
El secretario general de la Unión Personal de Seguridad República Argentina (Upsra), Ángel García, dijo que desde el gremio acompañarán todas las medidas para preservar la salud en medio de la pandemia.
“Nos ajustamos a derecho. Por más que sea una disposición incómoda, le pedimos a la gente que cumpla las normas. No se trata de una cuestión abusiva“, explicó García.
El presidente de la Federación Argentina de Clubes de Campo, Patricio Gutiérrez Eguia, afirmó: “Protestar contra esta decisión nos parece inútil, nos parece que está justificado porque el nivel de contagios de esta segunda ola es terrible. Aprendimos las lecciones que nos dejó la pandemia el año pasado. Si esta política colabora para mejorar la situación, bienvenida”.
Desde la Asociación Vecinal Nordelta sostuvieron que comenzaron a analizar los alcances de la medida. “Vamos a cumplir las normas y reglamentaciones oficiales”, agregaron.
En esa ciudad insignia de Tigre viven 40.000 personas en las 10.000 propiedades de los 26 barrios que integran el desarrollo inmobiliario. Otras 15.000 personas, entre trabajadores y proveedores, ingresan todos los días.
“Es sumamente preocupante la decisión que tomó en el gobierno bonaerense. Esto enfrentará a los vigiladores con los vecinos, que, en definitiva, son los que les pegan el sueldo”, dijo un residente de uno de los barrios de Nordelta.
En noviembre pasado, la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada envió una notificación donde se informaba que las Empresas de Seguridad debían denunciar las reuniones de más de diez personas.
“Se trataba de una medida similar a la que conocimos en los últimos días, y se pedía que la agencia de seguridad denunciara a los propietarios en infracción. Pero era mucho menos restrictiva, porque solo buscaba evitar fiestas, y no como ahora, que alcanza a quien sale de su casa después de las 20″, dijo un vecino de un barrio cerrado del norte del conurbano.
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