Así lo denuncio Matías Barroetaveña, diputado porteño del Frente de Todos (FdT) que presentó un pedido de informes en la Legislatura por las posibles irregularidades en la contratación, ya que, además, existen resoluciones y decisiones administrativas que no fueron publicadas en el Boletín Oficial.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagó más de 12.000.000.000 de pesos a cuatro empresas de seguridad privada para la vigilancia de dependencias y bienes gubernamentales desde finales de 2015 hasta marzo de este año. Una de las empresas, Murata S.A, fue denunciada en 2018 por el escándalo de los aportantes truchos para las campañas electorales de Cambiemos de 2015 y 2017: sus empleados denunciaron que utilizaron sus nombres para blanquear el dinero aportado. «Se contrata seguridad privada para un servicio que podría prestar la seguridad pública. Son más de 12 mil millones de pesos que demuestran las prioridades de la gestión», dijo Matías Barroetaveña, diputado porteño del Frente de Todos (FdT) que presentó un pedido de informes en la Legislatura por las posibles irregularidades en la contratación, ya que, además, existen resoluciones y decisiones administrativas que no fueron publicadas en el Boletín Oficial.
El primer contrato asignado a las empresas Murata, Briefing Security, Comahue Seguridad Privada y Líderes Consultores de Seguridad data de diciembre de 2015. El Decreto 349 de ese año, firmado por Mauricio Macri cinco días antes de abandonar la jefatura de Gobierno para asumir la presidencia, otorgaba a las cuatro empresas un monto total de 4.440.468.823 pesos, dividido en sumas de las que Murata sacó la mejor tajada con 1.165.042.563 pesos. Por medio de una licitación pública realizada en noviembre de ese año, en la que solo se presentaron esas cuatro empresas, los servicios de «Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a las dependencias y bienes del Gobierno» quedaron asignados a ellas por el lapso de cuatro años. Para Murata, significó un ingreso de 24.271.720 pesos por mes.
La prórroga de ese primer contrato llegó en marzo de 2020 y fue asignada por el período de un año, por lo que ya venció el pasado marzo. El Decreto 414/20, fechado al 27 de noviembre de 2020, facultó a la Secretaría de Justicia y Seguridad a «dictar todos los actos administrativos que sean necesarios» para «disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución», según lo establece la Ley 6.301 que declaró la emergencia Económica y Financiera de la Ciudad durante 2020. Sin embargo, desde entonces, la Secretaría no publicó ninguna resolución para informar si existe una nueva licitación por los servicios.
Así y todo, el 17 de marzo de este año, a través de cinco resoluciones del Ministerio de Justicia y Seguridad que llevan la firma de Diego Santilli, entonces vicejefe de Gobierno y actual candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, se aprobaron las «redeterminaciones» de los pagos originales, ajustando los precios pactados originalmente con cada una de las empresas. Para Líderes Consultores se autorizó un agregado de 1.065.506.955 pesos, para Comahue Seguridad Privada uno de 1.879.902.338 pesos, mientras que para Briefing Security hubo dos actualizaciones que sumaron 2.034.905.615 pesos. Otra vez, Murata fue la firma que recibió el monto más alto, con 2.068.558.850 pesos.
En total, entre las cuatro empresas, el GCBA terminó pagando 12.846.136.673 pesos, si se suma una ampliación contractual efectuada en agosto de 2018 «con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud», a través de la Resolución 852 del Ministerio. «Es un servicio que podría ser prestado por el Estado y se gastan con empresas que se cartelizan más de 12 mil millones de pesos que podrían haberse utilizado para otro fin», dijo en este sentido Barroetaveña, quien agregó que «una vez más, como en muchas contrataciones del Gobierno de la Ciudad, encontramos discrecionalidad, falta de transparencia y gastos enormes sin justificación adjudicados a aportantes de la campaña”.
La empresa Murata S.A, presidida por Roberto Raglewski, excomisario de la Policía Federal, fue denunciada en varias ocasiones por diversos motivos. El más sobresaliente se remonta a 2018, en pleno escándalo por los aportantes truchos para las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017. En aquella ocasión, además de la investigación judicial, en entrevista con Perfil, Brenda Osso, una ex empleada de la empresa, denunció que ella y otros 11 trabajadores habían sido utilizados para blanquear los aportes a la campaña. Osso había aparecido en la lista de aportantes con nada menos que 95 mil pesos. «Ni siquiera ganaba la mitad de lo que decían que había donado. Hablé con la tesorera de la empresa y le pedí explicaciones. Me negó que ellos hubiesen entregado una lista con nuestros nombres», dijo entonces a ese medio.
Para el año 2017, Murata ya había sido beneficiada con el contrato de seguridad en la Ciudad, pero, además, también fue contratada por el Gobierno nacional para brindar servicios de seguridad en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), mientras se desarrollaba el conflicto con sus trabajadores por el recorte y los despidos efectuados por la gestión de Mauricio Macri. Entonces, este diario informó sobre la «militarización» del predio a cargo de Murata y la Policía de la Ciudad, y dio cuenta de una denuncia presentada por Margarita Stolbizer, hoy candidata a diputada por Juntos en la Provincia.
En su denuncia judicial, Stolbizer advertía sobre los «intolerables hechos de violencia institucional» que ocurrían en el INTI bajo la gestión de Javier Ibáñez, y denunciaba la contratación de Murata: “Su dueño es Roberto Reglewski, ex jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía, pasado a retiro en 2004 luego de un escándalo de corrupción”, detallaba la dirigente, que recordaba que “esta empresa de seguridad le aportó al PRO 295 mil pesos para su campaña electoral de 2015”. «Por mes el INTI le está pagando a Murata S.A. casi 1.300.000 pesos”, cerraba Stolbizer.
En junio de 2020, Murata fue denunciada por la muerte de un empleado en plena pandemia de covid-19. Miguel Ángel Olmedo tenía 64 años, problemas coronarios y obesidad. Sin embargo, la empresa no le otorgó la licencia correspondiente por la pandemia y falleció tras contagiarse en su trabajo en el Barrio 31. Sus hijos llevaron el caso a la Justicia y hay una causa abierta que investiga los hechos.
«Explique por qué determinadas dependencias y bienes del GCBA son protegidas por prestadores de servicios de seguridad privada y, por otra parte, otras son protegidas por la Policía de la Ciudad», se lee en el pedido de informes presentado por Barroetaveña. Además de solicitar explicaciones por los contratos millonarios, el FdT reclama que se informe «cuántas dependencias y bienes han sido protegidos por parte de prestadores de servicios de seguridad privada en el período 2015-2021, y tenga a bien presentar la documentación respaldatoria que lo acredite».
«Hay cientos de decisiones administrativas y resoluciones que deberían publicarse pero no se publican en el Boletín Oficial”, indicó en este sentido el legislador. Entre ellas, la oposición pide que se publiquen las órdenes de compra de la licitación, las resoluciones que detallen el por qué de los reajustes otorgados en marzo y que se informe cuáles son con exactitud los bienes y dominios del GCBA protegidos por las empresas. Además, se pidió que se informe si existe o no un nuevo proceso de licitación iniciado desde el vencimiento del contrato.
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