En los próximos años es posible que Argentina evidencie un fuerte cambio cultural en la valoración de la seguridad privada. No sólo por la transformación que a impulso del desarrollo tecnológico viene experimentando el sector a nivel global, sino por las particulares condiciones del mercado local; y ello a pesar de nuestras excesivas incertidumbres políticas y económicas.
Desde su rol complementario a las funciones indelegables del Estado, la sola existencia de la seguridad privada reafirma el respeto por las libertades, principios, garantías y derechos reconocidos al individuo por la Constitución Nacional, pues no sería republicano ni racional que el Estado invadiese ámbitos de autonomía particular.
Dicho esto, todavía se mantienen arraigados innumerables prejuicios respecto de la seguridad privada, que subestiman tanto sus capacidades como a empresas y trabajadores.
Al respecto resulta significativo que, con menos de cuatro años trabajando en el rubro a través de Securitas, Eduardo María Aberg Cobo presida la Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos Aires (Caesba) y -entrevistado por este columnista Ariel Corbat para el Diario La Prensa- reconozca haber experimentado esos mismos prejuicios.
La presidencia de Aberg Cobo en Caesba es otro síntoma de la dinámica evolutiva del mercado y la comprensión corporativa de nuevos desafíos, desde que se ha superado la aspiración básica de brindar como servicio la mera conservación de un estado de cosas en la protección de bienes y personas. Así, uno de esos desafíos es incorporar al producto específico de la seguridad el valor agregado de la información que deriva del mismo y es útil para la prosperidad del cliente.
En atención al punto, expresa Aberg Cobo que todavía la mayoría de las empresas siguen pensando en productos netamente de seguridad, por lo que hay que empezar a hacerles ver que trabajando la información que ellas mismas generan se pueden elaborar distintas estrategias de seguridad en beneficio de la gente y sus bienes, con mayor eficiencia desde el aprovechamiento de datos estadísticos y circunstanciales que posiblemente cambien el paradigma de la seguridad privada.
Aquí es dable subrayar que si bien el sector privado, en función de satisfacer al cliente y sobrevivir en el mercado, exhibe desde siempre una velocidad mayor que el Estado para asimilar la innovación y liderar procesos de cambio, la seguridad privada ha permanecido muchos años en un rol relativamente estanco, condicionado tal vez por nutrirse de personas que habiendo hecho carrera como funcionarios de Estado (militares y policías principalmente) se reconvertían laboralmente pero conservando, a pesar de algunas especializaciones, el carácter conservador que es propio del ámbito público. Lo cual mantenía al Estado a la vanguardia, por el lógico poder legal, recursos y cultura.
Ahora bien, eso viene variando en el último tiempo, porque del mismo modo que los cambios tecnológicos no son de aplicación exclusiva al medio urbano sino que también impactan en el ámbito rural, y en la provincia de Buenos Aires ello se observa tanto en el resguardo de cultivos y cosechas como de animales, el cambio de mentalidad que acarrea la innovación tecnológica superándose constantemente crea conciencia de la necesidad de actualización permanente en todos los ámbitos. Ello implica una suerte de barajar y dar de nuevo, donde al Estado en su tamaño y densidad burocrática le cuesta más adaptarse al ritmo vertiginoso que exige sostener la vanguardia. Es previsible que empiece a ser el Estado, en unos años, el que busque su punto de referencia en la seguridad privada, donde la resolución de situaciones da mayor cabida a la creatividad.
Esa orientación, con que la necesidad empuja la seguridad privada, abre también oportunidades para los desarrolladores de software y aplicaciones en los que Argentina tiene un gran potencial, se da entonces una concepción empresarial que con aires de renovación promueve un planificado esfuerzo en la capacitación del personal, asumiendo que no puede lograrse eficiencia sin empleos de calidad, los cuales por definición son en blanco.
Luego de la sanción de la Ley Provincial 12.297, con que en 1999 se regularon las actividades de las prestadoras del servicio de seguridad privada, se constituyó Caesba uniendo a las empresas ante la autoridad de control que es la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada (DPGSP). En 20 años Caesba, al igual que la actividad, ha pasado por distintas etapas mientras que la legislación se ha tornado antigua y rígida, conteniendo disposiciones que mejor deberían ser materia dejada a la reglamentación para ir adaptándose periódicamente a la realidad del mercado.
En tal sentido, asegura Aberg Cobo que si bien la dirigencia política muestra comprensión de la problemática, ello no se traduce aún en la consiguiente voluntad política para avanzar hacia mejoras normativas.
Siendo el trabajo en materia de seguridad el trabajo en negro un contrasentido teórico, no deja de ser llamativo que, pese a lo estricto de la legislación, la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) proyecte una informalidad del 40%. Por lo cual si el sector de seguridad privada emplea en el país alrededor de 140.000 vigiladores, la suma de los no registrados eleva la cifra a unos 200.000.
Sobre la situación en Provincia de Buenos Aires, Aberg Cobo asevera que el trabajo en negro se da por falta de contralor del Estado sobre la existencia de empresas no registradas y cooperativas precarias. Frente a lo cual Caesba busca que se le reconozcan mayores facultades de denuncia para poder contribuir a erradicar la irregularidad, porque interpreta que esta cuestión es fundamental para que la sociedad comprenda que en cada puesto de seguridad hay una persona, con su familia detrás.
Sin la debida valoración y cuidado del recurso humano, en todos los ámbitos, es imposible alcanzar la eficiencia y sostenerla en el tiempo. Especialmente en materia de seguridad, porque de nada servirían las innovaciones tecnológicas sin el alma humana.
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