Vigiladores de todo el país se encuentran en un estado de indignación y frustración tras el anuncio de los porcentajes de aumento para los meses de octubre y noviembre, ya que aún no han percibido el incremento salarial correspondiente al mes pasado, el cual debió haberse cobrado a principios de noviembre. La situación ha encendido la polémica en el sector, generando una ola de reclamos y denuncias contra las empresas de seguridad privada que argumentan diversos motivos para el incumplimiento.
Algunas empresas justifican la falta de pago alegando que la homologación del acuerdo llegó después de haber cerrado sus balances y realizado su contabilidad mensual, lo que, aseguran, les impidió actualizar los valores salariales. Sin embargo, otras compañías han optado por una postura más rígida y, lejos de brindar una solución, argumentan que trasladar esos aumentos a sus costos podría poner en riesgo la continuidad de sus contratos de servicio. En pocas palabras, manifiestan que “no podrán pagar el aumento, al menos por ahora”.
Esta difícil situación afecta a la mayoría de los vigiladores en todo el país, quienes dependen de este incremento para enfrentar el impacto de la inflación en sus economías. La incertidumbre crece entre los trabajadores, quienes ven cómo se posterga un ajuste salarial que se había presentado como una respuesta a sus necesidades, mientras que el sector sindical atraviesa una transición clave, ya que el próximo 11 de diciembre se celebrarán elecciones para definir la conducción del sindicato UPSRA (Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina).
Ante esta crisis, muchos se preguntan si el próximo secretario general tomará medidas concretas para regularizar los pagos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos salariales. Por el momento, la situación sigue siendo incierta y tensa, y los vigiladores esperan con expectativa que sus reclamos no queden desoídos en medio de esta polémica.
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