En una iniciativa que ha generado opiniones encontradas, la provincia de Neuquén ha intensificado los controles sobre las empresas de Seguridad Privada y destina las multas recaudadas directamente al Fondo de Reequipamiento Policial. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad y aplicada en colaboración con la Policía Provincial, plantea una especie de “Robin Hood” en el ámbito de la seguridad: los fondos recaudados de las empresas privadas no son reinvertidos en capacitación o desarrollo profesional para el sector privado, sino que son redirigidos exclusivamente al equipamiento de las fuerzas de seguridad pública.
Desde el inicio de la gestión, el número de empresas habilitadas creció de 31 a 47, impulsado en gran medida por el auge de la industria del gas y petróleo en Neuquén. Sin embargo, en lugar de destinar estos recursos a fortalecer las competencias y profesionalización de los más de 4.500 vigiladores que operan en el ámbito privado, la administración opta por canalizar las recaudaciones hacia el equipamiento de la policía provincial. “La seguridad privada es una parte vital del entramado de seguridad, y debería recibir un apoyo directo para mejorar la calidad y formalidad del sector,” expresaron algunos empresarios.
Aunque el director provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, Daniel Domene, sostiene que el objetivo es fortalecer las normativas y reducir la informalidad en el sector privado, las sanciones y controles se perciben por algunos como un obstáculo que desvía recursos del crecimiento del propio sector. Mientras Neuquén avanza en la digitalización y en nuevas normativas que prometen eficiencia, queda la incógnita de cómo los fondos de sanciones podrían utilizarse también en apoyo a un sector privado en crecimiento, en lugar de destinarse exclusivamente a las fuerzas policiales.
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