Desde enero a junio de este año llegaron a 2430. El subsecretario de Control de Fuerzas de Seguridad y Agencias, Ricardo Giusepponi, afirma que los problemas más usuales son las empresas que funcionan sin habilitación, y los guardias que trabajan sin la credencial correspondiente.
Desde el 2011 la Provincia de Santa Fe puso en marcha un registro para agencias de seguridad privada. La medida respondió por aquel entonces a la necesidad de regulación de un sector en expansión que crecía tanto en número de vigiladores como de empresas de forma lenta pero constante, al ritmo de la prosperidad económica que se vivía por esos años.
La Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia es la dependencia que se encarga de la elaboración y mantenimiento del registro: toda empresa y vigilador que se habilita, pasa por la oficina de control de la Dirección, y luego se carga al registro, que se actualiza todos los meses.
«A veces en los controles en territorio se le pregunta al vigilador para quién trabaja, y esa agencia no figura en nuestro registro. Se trata de firmas de otras provincias que se instalan de forma informal y ponen gente a trabajar con un contrato precario», detalla.
No existen casos detectados de personal de seguridad privada portando arma sin permiso, algo que sí ha sucedido con policías haciendo tareas de vigilancia (no adicionales, que son legales) con su pistola reglamentaria. A veces se trata de efectivos con carpeta médica o pasados a disponibilidad que ofrecen este servicio de forma irregular. Aquí interviene Asuntos Internos con las actuaciones administrativas correspondientes.
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