Se trata de una compañía a nombre de sólo dos personas, que carece de oficinas, tiene un capital social ínfimo y unas ganancias exorbitantes sin repartir dividendos.
Danaide SA tiene dos accionistas visibles: Hernán Carzalo y Juan Agustín Carzalo. El último balance accesible ante la Inspección General de Justicia es el de 2019, donde declaraban ganancias por 517.646.407 pesos con la curiosidad de que no se distribuyen entre los accionistas sino que pasan a una cuenta de «resultados no asignados». El capital social es de apenas 12.000 pesos y tenía para la fecha en cuestión un patrimonio neto de 182.937.818 pesos. Tampoco poseía inmuebles y el lugar donde funciona una supuesta sede es un galpón alquilado. Los gastos más asombrosos son en «sueldos y jornales»: consignaron pagar 39.579.062 pesos en aquel entonces, hace ya tres años, además de “Subcontratación de servicios” por 2.645.351 pesos y «movilidad y viáticos” por 482.905. También tuvo gastos de importación: 13.303.678 pesos. Declaraba una cuenta con 24 millones en el Banco Provincia y pocas deudas.
Además de manejar toda la red de vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, en 2021 Danaide SA postuló para el «servicio integral de Monitoreo y Control de Autopista y Edificios» de Ausa Autopistas Urbanas. Hubo solo dos oferentes y su oferta, por 406.801.530 pesos fue la mejor. En su página web la firma se jacta: «Danaide ha implementado su solución de videovigilancia para Autopistas Urbanas, que cuenta con varios puntos de video remotos, un centro de monitoreo y varios puestos de operación distribuidos por los peajes». Esto aparece en una pestaña bajo el título de «smart cities» (ciudades inteligentes), donde la empresa también hace gala de su «El Plan Integral de Videovigilancia de la ciudad de Buenos Aires» y dice que es «un proyecto diseñado en 2019 con el objetivo de optimizar las tareas de prevención delictiva y generar procesos investigativos más eficientes mediante la utilización de evidencia fílmica».
La referencia al delito es llamativa: cuando se incorporó por ley el sistema de identificación, también se incorporó uno de prevención del delito y otro forense para preservar imágenes. El abogado Iglesias explicó a este diario que los dos últimos «nunca se implementaron y nunca se reglamentaron», lo que lleva a suponer que –sin supervisión ni regulación alguna– los abusos, la identificación a discreción de personas en el espacio público y la criminalización están a la vuelta de la esquina y pueden fácilmente convertirse, como en estos días, en eje de la campaña política cada vez más corrida a la derecha.
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